“Indispensable”, autonomía para procesos de evaluación: INEE

 
 
 

Durante su participación en la última sesión de las audiencias públicas para analizar la iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, convocadas por las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, reiteró que “ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, en ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas”.

Señaló que la evaluación aplicada sin un organismo autónomo “quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales, prevalecerían los intereses políticos por encima del superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”.

En contraste, el coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, Francisco Cartas Cabrera, destacó que debido a las “prácticas intimidatorias” que se aplicaron contra los docentes con la aprobación de la reforma educativa y los nuevos mecanismos de evaluación para el desempeño, al menos 150 mil maestros solicitaron su jubilación.

Señaló que “coincidimos con la opinión de los docentes que la evaluación, que se aplicó con la reforma, afectó la estabilidad laboral de los maestros, pues se cesó a muchos aplicando evaluaciones estandarizadas que no tomaron en cuenta los contextos que inciden en los procesos educativos”.

Cartas Cabrera detalló que en la pasada administración federal se realizaron más de 600 mil evaluaciones del desempeño, pero que no tuvo impacto en la capacitación del magisterio, pues “sólo se les daba un lista de cursos para que seleccionaran el de su interés, sin considerar que se atendían áreas de oportunidad detectadas”.

Por su parte, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, destacó la importancia de incluir a los pueblos indígenas en el diálogo para la construcción de un nuevo pacto educativo para México y “no repetir aquella historia en la que diputados y diputadas se fueron a encerrar a un centro banquero para aprobar a puerta cerrada una reforma que ha lastimado la educación en el país y los derechos de los maestros”.

Ante los diputados de las Comisiones Unidas solicitó que se incluyera en la redacción del Artículo Tercero Constitucional la obligación del Estado de impartir una educación intercultural y plurilingüe, que reconozca la riqueza cultural de las pueblos indígenas, pero también las transformaciones que enfrentan, entre ellas la migración, lo que incluye el aprendizaje de una tercera lengua, como el inglés.