Una nueva Ley para la Educación Superior

 

Entre las problemáticas detectadas por la OCDE destaca la necesidad de contar con una nueva Ley de educación superior, que ordene e impulse este nivel educativo fundamental para el desarrollo nacional. Baste recordar que la norma que rige a la educación superior en México, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, data de 1978 y no ha sido modificada una sola vez.Este instrumento jurídico se creó cuando nuestra economía era cerrada, no existía la inteligencia artificial y no se había inventado Internet. Mucho ha pasado desde entonces.

En el pasado reciente muchos intentos ha habido para crear una nueva gobernanza que fortalezca este nivel educativo; desde la ANUIES, el Congreso de la Unión y la propia SEP. Ninguno ha tenido éxito. Mi hipótesis del fracaso: Por un lado, posturas irreductibles sobre el contenido de la Ley (un todo o nada) y, por el otro, la percepción de que la autonomía universitaria se pone en riesgo. Actualmente parecen darse los consensos para impulsar esta Ley, pero debemos ser pragmáticos y aprender las lecciones del pasado. En política pública, el mejor acuerdo es el que se logra y permite avances, si no absolutos, sí incrementales.

Esta nueva Ley debería tener cuatro características clave: Ser lo suficientemente flexible para las necesidades y vocaciones del sistema; dar certidumbre financiera a las universidades públicas (con esquemas de financiamiento multianual sujetos a resultados medibles); proveer mecanismos para garantizar la calidad y la pertinencia; e incentivar la innovación en las universidades. El peor escenario sería una nueva norma que sea “camisa de fuerza” y genere más problemas de los que resuelve.