La educación en la era digital: transformación social y espacios seguros

El rol de las escuelas como la base sobre la que se construye una sociedad es innegable. A las
instituciones educativas se les ha conferido una misión que es por demás noble y que, a su vez, implica
una enorme responsabilidad. Los educadores tienen el poder de moldear una generación y, con ello,
construir nuevas ideologías, generar nuevas dinámicas sociales y enfrentar nuevos desafíos.
Los centros educativos, como agentes de cambio, deben ser promotores del diálogo, del debate y del
pensamiento crítico. La educación jamás cumplirá con su cometido de transformación social si no se
crean ecosistemas que promuevan que los estudiantes desplieguen su capacidad de análisis, generen
propuestas disruptivas y se desarrollen en pro del beneficio social.
La construcción de estos ecosistemas -particularmente, ante el auge de las tecnologías de la
información- se enfrenta a retos que dificultan su instrumentación. Principalmente, debido a la
sensibilidad del trato con menores de edad y las enormes responsabilidades derivadas de que los
padres pongan en manos de profesores, directivos y personal administrativo la integridad, desarrollo y
educación de sus hijos. Los desafíos, entonces, se ven materializados en el uso cotidiano de
herramientas tecnológicas, la desafortunada proliferación del acoso escolar o bullying, así como en los
riesgos de las relaciones profesor-alumno.
En un primer término, es vital mencionar que las herramientas tecnológicas son, sin lugar a dudas,
elementos sustanciales para la formación de las niñas, niños y jóvenes. El uso de tecnologías de la
información, software especializado y plataformas de aprendizaje virtual permite que los alumnos
desarrollen nuevas habilidades para competir ante un mercado laboral cada vez más exigente. Sin
embargo, la incidencia de la tecnología no se limita a su uso como medio de aprendizaje. Los alumnos
de secundaria y preparatoria, por lo general, llevan consigo teléfonos inteligentes que se han convertido
en elementos fundamentales de su día a día.
El uso de teléfonos genera nuevos cuestionamientos que deben plantearse los educadores. ¿Es
correcto retirarle el celular a un alumno por usarlo dentro del salón de clases? ¿Cómo debe
resguardarse un teléfono que ha sido confiscado?¿Qué medidas habrán de implementarse para evitar
que sean utilizados como herramientas debullying, extorsión o, incluso, acoso sexual?
Para atender estos planteamientos y evitar el génesis de conflictos con los padres de familia y
estudiantes, es indispensable que las escuelas cuenten con reglamentos, lineamientos y políticas sobre
el uso de teléfonos celulares. En ellas, deberán informar tanto a los padres como a los propios
estudiantes cuáles serán los usos aceptables de estas herramientas, así como las medidas disciplinarias
por su contravención. Al respecto, merece destacar la importancia de que el establecimiento de medidas
no sea una decisión unilateral. Es también responsabilidad de los padres exigir su implementación e
incidir en su contenido.
Por supuesto, esta clase de programas y códigos debe extenderse al uso de las tecnologías de la
información. El internet abre un inconmensurable abanico de posibilidades de aprendizaje y permite
desarrollar habilidades fundamentales en la era digital, pero aumenta también los riesgos a los que se
exponen los alumnos. Ante esto, es indispensable que los directivos escolares y padres de familia sometan a discusión temas como el acceso a redes inalámbricas dentro de las instalaciones, el uso de
redes sociales y la implementación de herramientas de colaboración en línea.

Por otra parte, en los últimos años los ecosistemas escolares han sido, desafortunadamente, cuna de
casos de bullying. Si bien es cierto que estas conductas pudieren generarse por situaciones del entorno
familiar, las escuelas tienen el deber de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio efectivo
de su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia. Sobre todo, ante la negativa
potenciación de los efectos del bullying al utilizar herramientas digitales.
En la sentencia del amparo directo radicado bajo el expediente 35/2014, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación resolvió que los centros educativos tienen el deber de proteger la integridad de sus
estudiantes y establecer las condiciones idóneas para la educación libre de violencia. Este deber se
materializa en la obligación de identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar conductas que
pudieren poner en riesgo el interés superior del menor, así como sus derechos a la dignidad, educación,
integridad y no discriminación. De no ser así, la escuela pudiere ser responsable por los daños causados
a la víctima de bullying.

¿Qué programas deben implementar las instituciones de educación? ¿Qué medidas deben exigir los
padres de familia o tutores? En el tenor anterior, las escuelas públicas y privadas deberán contar con
una política de espacios seguros que disponga reglas y códigos de conducta para proteger a los
estudiantes del acoso por compañeros o por el personal. Se remarca la importancia de que sean las
familias quienes exijan estos programas, sobre todo, con el fin de generar conciencia en el sector y
establecer líneas de acción que eviten la mayor proliferación de conductas que atentan en contra de los
menores y que, también, afectan al cumplimiento de la noble misión transformadora de los educadores.
Finalmente, no se debe omitir abordar la importancia de velar por las sanas relaciones entre el personal
docente y administrativo con las niñas, niños y adolescentes. Es importante mencionar que, si estas
relaciones no son debidamente reglamentadas, se pudieren generar situaciones de riesgo bilaterales. En
un primer término, ante la inestabilidad emocional que caracteriza a los adolescentes, la figura del
profesor pudiere incidir en su desarrollo personal. Si bien el ideal es que esta influencia sea positiva,
pudieren presentarse casos en los que sea lo contrario. De ahí el carácter fundamental de que se
concientice al profesorado de la sensibilidad de su rol con sus estudiantes, no solamente para formarlos
académicamente, sino integralmente.

Por otro lado, las relaciones profesor-estudiante pudieren extenderse fuera del salón de clases. Lo que
merece especial atención por parte de los directivos escolares y de las familias. Ante ello, es de suma
importancia que se discuta conjuntamente la permisividad de esta clase de relaciones y, evidentemente,
sus límites. Adicionalmente, habrá de hacerse hincapié en reglas específicas o -incluso- prohibiciones
para la interacción vía redes sociales entre profesores y alumnos.
La importancia de abordar estos tópicos e implementar estas medidas reside en la responsabilidad de
las escuelas de conjugar el cumplimiento de su misión transformadora con el deber de garantizar los
derechos y protección de los menores, sobre todo, ante los retos que implica la era digital. Lo que,
consecuentemente, permitirá construir ecosistemas que, aprovechando las tecnologías de la
información, promuevan el debate de las ideas, el desarrollo científico y el beneficio social.