Será difícil verificar documentos para obtener cédula profesional

A partir del próximo primero de octubre, cuando sólo puedan emitirse títulos y
cédulas profesionales electrónicas, las universidades públicas y privadas deberán
verificar que la documentación entregada por los egresados para obtener un grado
académico no sea apócrifa, tarea que se realizará sin un sistema de consulta
integral de certificados y documentos oficiales, reconocieron representantes de
universidades.
En entrevista conLa Jornada, aseguraron que las instituciones de educación
superior haremos nuestro mejor esfuerzo, pero no somos expertos en
falsificaciones, por lo que reconocen que podrían presentarse casos en los que se
otorgue una cédula a quien no cumple con la formación correspondiente.
Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que la
expedición de títulos y cédulas profesionales será sólo a través del formato
electrónico, 9 mil 300 instituciones de educación superior y media superior que
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otorgan grados de técnico superior, licenciatura, especialidad y posgrado (de las
cuales 4 mil 500 corresponden a instituciones con reconocimiento de validez
oficial de estudios estatales) deberán realizar la verificación de documentos,
responsabilidad que exige recursos y capacitación, afirmó Rodrigo Guerra,
secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior, cuyas asociadas atienden a 60 por ciento de la matrícula
universitaria particular.
En el cotejo de documentación de los egresados para otorgar el título
electrónico –paso previo indispensable para obtener la cédula profesional
electrónica (CPE)– las instituciones de educación superior vamos a hacer nuestro
mejor esfuerzo en rastrear. Hay técnicas desde llamar a las preparatorias al azar y
determinar si son documentos originales hasta realizar una serie de pruebas, pero
necesitamos un sistema oficial de consulta para verificar la documentación, el
gobierno federal nos dice que está creando los sistemas de certificados digitales,
pero pasará más de un año para concretarlo.
Esta responsabilidad la tenía la Dirección General de Profesiones (DGP) de la
SEP, pero se tardaba mucho en hacer la verificación y decidió, un poco
arbitrariamente, trasladarlo a las universidades.
Al respecto, Israel Barrios Hernández, titular de la DGP, aseguró que dicha
tarea ya la tenían las instituciones de educación superior y sólo estamos
recordando que es su responsabilidad, porque para ingresar a una universidad se
deben cumplir diversos requisitos, entre ellos entregar un certificado de
bachillerato.
Explicó que la decisión de tener un sistema electrónico para la expedición de la
cédula fue para responder no sólo a la necesidad de agilizar un trámite que
implicaba una espera de seis meses a un año para el egresado, también para
combatir la corrupción a través de terceros ajenos al proceso que ofrecían su
intermediación para agilizar el proceso, el cual era totalmente manual desde la
recepción de la solicitud, procesamiento del expediente, dictaminación, revisión y
cotejo de documentos, impresión y entrega de la cédula, lo que generó un rezago
en la tramitación de 200 mil.
El funcionario indicó que en promedio cada año se emiten medio millón de
cédulas profesionales, lo que obligó a buscar mecanismos para agilizar el
proceso. Con la nueva plataforma aseguró que se cuentan con mecanismos de
seguridad digital que garantizan la encriptación de la información emitida por las
universidades, como los títulos electrónicos, que a partir del primero de octubre
serán los únicos con validez oficial para poder tramitarla, proceso que se realizará
totalmente en línea.
José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(Anuies), celebró la determinación de la SEP, pero reconoció que podría darse el
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caso de otorgar una CPE con documentos apócrifos.
Las universidades, dijo, deberán ser en lo sucesivo mucho más cuidadosas y
verificar la documentación. Un ejemplo sería que una pequeña institución privada
en un municipio alejado no pueda verificar durante la inscripción del alumno su
documentación, pero puede aplicar una inscripción condicionada hasta la
verificación de sus certificados.
Los representantes de ambas asociaciones coincidieron, en entrevistas por
separado, que los beneficios de la CPE son mucho más numerosos que los
riesgos, por lo que vale la pena apostar a la innovación de los sistemas de control
escolar. Este es el precio de la digitalización y los tenemos que pagar.
http://www.jornada.com.mx/2018/07/15/sociedad/029n1soc Fuente: La Jornada (2018, 15 julio).